En su primera sesión del año los representantes de los docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur reclamaron al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata reglamentación y aplicación de la Ley 27.795, la convocatoria a paritarias y el abono al personal docente y no docente el incremento salarial adeudado.
En una sesión de carácter urgente, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) emitió una resolución con la que sentó una postura institucional firme en defensa de la educación pública. El cuerpo colegiado manifestó su apoyo incondicional a la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente (LFEU), exigiendo su inmediata aplicación ante lo que consideran una “desvalorización ostensible” del sistema científico y educativo.
La citada norma fue sancionada por el Congreso Nacional el 2 de octubre de 2025 y promulgada semanas después por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se encuentra actualmente bajo un proceso de suspensión de aplicación por decisión del Gobierno Nacional.
A pesar de que la justicia federal, a través de una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ordenó frenar dicha suspensión en diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo apeló la medida, manteniendo la incertidumbre sobre los fondos. Los consejeros y consejeras señalaron además que el proyecto de reforma que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias implica un retroceso crítico en la recomposición salarial para docentes y nodocentes, en el presupuesto operativo de las casas de altos estudios y en las becas estudiantiles y asignaciones para el sector de ciencia y tecnología.
Uno de los puntos más críticos señalados por el Consejo Superior es la brecha entre la inflación acumulada y la propuesta oficial. Según los considerandos de la resolución, la deuda salarial que el Estado mantiene con los trabajadores universitarios al 31 de enero de 2026 asciende a un 51,59% de incremento. Es decir, los sueldos universitarios deberían ser casi un 52% más altos que los valores que tienen en la actualidad.
En contraste, el proyecto de reforma del Ejecutivo propone apenas tres incrementos del 4,1% (basados en el salario de diciembre de 2025), lo que totalizaría un 12,3% para todo el año 2026. Señalaron en la resolución que esta cifra queda significativamente por debajo de las necesidades de recomposición, eliminando además el “piso” de incremento que la ley original garantizaba en las paritarias.
Los consejeros y consejeras destacaron además que la sanción de la Ley gozó de una amplia legitimidad social, ya que fue el resultado de masivas movilizaciones nacionales y la convergencia de gremios, estudiantes y la ciudadanía en general.
“El Consejo Superior Universitario se constituye en comisión para manifestarse a favor de la inclaudicable defensa y la inmediata aplicación plena de la ley 27.795 y en contra de toda reforma que implique una reducción de los conceptos allí establecidos”, expresa el texto, que provocó un amplio debate en la primera sesión del año del cuerpo colegiado de gobierno de la UNS.
El momento en que el cuerpo se consituye en comisión y el posterior debate pueden verse en la transmisión de la sesión, contenida en el video a continuación:
