Considera que -aunque se debe garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de ideas- la institución tiene también la responsabilidad de someter a análisis y consideración crítica aquellos postulados que entren en tensión con el rigor científico, la igualdad de derechos, la diversidad, la Constitución y el ordenamiento legal argentino.
El Consejo Superior Universitario aprobó una declaración en relación con la presentación del libro Dios, Patria y Familia, del diputado nacional Santiago Santurio, realizada en el ámbito de esta casa de estudios.
Aprobada por mayoría en la reunión del 26 de agosto, señala que la UNS garantiza el libre ejercicio de la libertad de expresión y la convivencia de diversas convicciones ideológicas, morales y religiosas, pero que la laicidad institucional implica sostener que ninguna doctrina o dogma particular sea adoptado, privilegiado o promovido institucionalmente como fundamento obligatorio de la convivencia social o del orden jurídico.
En ese sentido, el organismo considera que la institución tiene también una responsabilidad ética, social y académica de someter a análisis y consideración crítica aquellas ideas que se expresen en su ámbito y que puedan entrar en tensión con el rigor científico, la igualdad de derechos, la diversidad y los marcos constitucionales vigentes.
La resolución establece, además, que la presentación del libro no contó con aval institucional ni académico de ningún Departamento de la UNS, sino que fue organizada exclusivamente por una agrupación estudiantil con representación en los órganos de gobierno.
El Consejo Superior consideró necesario, a partir de ello, reafirmar una posición institucional vinculada con la defensa de los derechos humanos, la autonomía individual, la pluralidad y la educación pública.
Declaración del Consejo Superior Universitario:
Ante la presentación del libro Dios, Patria y Familia, del diputado nacional Santiago SANTURIO, el Consejo Superior Universitario invita a la comunidad universitaria a reflexionar sobre las ideas que allí se pondrán en discusión y el sentido que cobran al alojarse en nuestra institución.
La universidad, como institución pública y laica, no debe adoptar, privilegiar ni promover una determinada doctrina religiosa, moral, partidaria o ideológica. Su misión es garantizar un ámbito en el que puedan convivir distintas creencias y convicciones, incluidas las posiciones religiosas, agnósticas y ateas, dentro del respeto por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.
La laicidad no significa hostilidad hacia la religión. Significa que ninguna creencia particular puede presentarse institucionalmente como fundamento obligatorio de la vida colectiva, de la ciudadanía o de los derechos. La fe pertenece legítimamente a la esfera de las convicciones personales y comunitarias, pero el Estado y sus instituciones deben asegurar que todas las personas sean tratadas como iguales, con independencia de sus creencias, su identidad, su orientación, su composición familiar o su proyecto de vida.
Desde esa perspectiva, varias de las ideas que promueven el libro y su autor merecen una consideración crítica. La afirmación de que Dios constituye el fundamento necesario de la razón, la justicia y la dignidad humana puede ser válida dentro de una tradición religiosa, pero no puede asumirse como principio común e indiscutible en una universidad laica y plural.
También resulta necesario cuestionar la presentación de un modelo particular de familia como célula natural e irremplazable de la sociedad. La familia es una institución fundamental, pero en una sociedad democrática no existe una única forma legítima de constituirla. El orden jurídico reconoce la diversidad familiar y protege a las personas para que puedan desarrollar libremente su vida afectiva, familiar y personal, sin imposiciones religiosas o morales ajenas.
Finalmente, es necesario precisar que el libro que se presenta atiende un conjunto de asuntos que trascienden lo observado, en todos los casos, careciendo de todo rigor científico. En ese sentido, contiene expresiones falaces y agraviantes para con la Institución que representamos y sus dependencias (la universidad y la educación pública, la política de derechos humanos, las políticas de género, por citar algunos ejemplos) y están firmadas por personas que llevan adelante acciones concretas en contra de ellas desde los lugares de poder que ocupan.
Esto no implica sostener que la presentación deba ser prohibida o censurada. Por el contrario, la libertad de expresión constituye un valor esencial de la vida democrática. Sin embargo, corresponde preguntarse si, en nombre de la pluralidad, la Universidad debe limitarse a legitimar cualquier discurso o si, por el contrario, tiene la responsabilidad de someter críticamente a consideración aquellas ideas que puedan entrar en tensión con los principios y valores que la institución sostiene y ha construido históricamente. El diputado y quienes comparten sus posiciones tienen, como cualquier ciudadano, pleno derecho a expresarlas. Pero la Universidad Nacional del Sur también tiene la obligación de preservar su identidad como espacio público, democrático y plural, comprometido con la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y los valores fundamentales que sustentan la convivencia democrática.
Por tal motivo, debe aclararse que se trata de una actividad organizada exclusivamente por una lista de estudiantes con representación en órganos de gobierno de la Universidad, sin aval académico por parte de ningún Departamento.
Por estas razones, el Consejo Superior Universitario interpela esta actividad con firmeza intelectual. Defender la libertad de expresión es preservar que a nadie se lo castigue pos su opinión, pero no equivale a asumir pasividad intelectual. Debemos señalar, con rigor académico, que algunas ideas que se expondrán se encuentran en tensión con la laicidad, la igualdad, la autonomía individual, la diversidad familiar y el derecho de cada persona a construir su propio proyecto de vida.
Una universidad democrática no censura ideas: las somete a razones, evidencia, preguntas y debate público. Y no confunde pluralidad con neutralidad frente a los derechos humanos: abre sus puertas al intercambio, al mismo tiempo que reafirma el marco constitucional que hace posible la convivencia entre personas diferentes.
