Miles de personas participaron el jueves 15 en Bahía Blanca de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se convocó en las ciudades del país que ofician como sedes de universidades nacionales, en reclamo del cumplimiento de la Ley que establece recomposiciones de salarios docentes y nodocentes, becas estudiantiles y recursos de funcionamiento.
Una tarde nublada, fría y por momentos con llovizna no impidió que miles de bahienses nativos y adoptivos caminen juntos para reclamar al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes, vecinos autoconvocados y representantes de organizaciones políticas, sociales y gremiales concentraron en la avenida Alem y 11 de Abril para participar del capítulo bahiense en defensa de la educación pública, la ciencia y las becas. Desde allí se marchó hacia el playón de Alem 1253, donde se leyó un documento y se cerró el evento con la actuación del Coro Universitario.
Los tres ítems quedaron notoriamente desfasados de la inflación registrada desde diciembre de 2023, lo que se tradujo en una merma en términos reales. Frente a ello, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, que determinó actualizaciones. El Gobierno nacional sigue sin aplicarla, pese a que un fallo judicial firme le ordenó recomponer los salarios y las becas. Además, el presupuesto oficial previsto para 2027 es un tercio inferior al reclamado por las universidades.
Según explicó el rector Daniel Vega días antes de la Marcha “la ley de presupuesto 2027 que elevó el Ejecutivo al Congreso no contempla la ley de financiamiento universitario. Los fondos que se le asignan al sistema universitario están muy por debajo de las necesidades que tenemos. Y de aprobarse como está, vamos a entrar en el conflicto de tener dos leyes que al final del día están mostrando números diferentes”. Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó 11 billones de pesos, el Poder Ejecutivo planea asignarles 7.3 billones. “Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado $9,8 billones. Llegamos a $11 billones con actualizaciones de otras áreas”, explicó en su momento Franco Bartolacci, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Aún en el mejor de los escenarios, vamos a tener una situación de judicialización que difícilmente se vaya a resolver en el corto plazo, pero mientras tanto –como ocurre ahora- la situación económica será asfixiante. Por eso también necesitamos que los legisladores que ya nos acompañaron anteriormente la Ley de Financiamiento lo sigan haciendo con una ley de presupuesto acorde a las necesidades del sistema universitario”, concluyó el rector.
