Los representantes de los docentes, no docentes y estudiantes solicitaron la puesta en vigencia de la norma aprobada por mayoría especial en el Congreso y ratificada dos veces por la justicia.
El Consejo Superior Universitario de esta Casa aprobó en su último plenario una resolución mediante la cual exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de manera inmediata con lo dispuesto en la Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente.
La decisión fue adoptada por mayoría en la sesión del 22 de abril, en el marco de un proceso institucional sostenido que incluyó pronunciamientos previos del propio CSU y de la Asamblea Universitaria, en los que se manifestó la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema universitario público.
En la resolución, el cuerpo señala que la Ley Nº 27.795 —sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 2025, posteriormente ratificada con mayoría especial tras el veto presidencial y confirmada dos veces por la justicia— constituye una expresión de alta legitimidad institucional. En este sentido, advierte que cualquier demora o incumplimiento en su aplicación implica una afectación al principio de legalidad y al equilibrio entre los poderes del Estado.
Asimismo, se hace referencia a la medida cautelar dictada el 23 de diciembre de 2025 por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, y confirmada el 31 de marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones del fuero, que ordena al Estado Nacional el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la mencionada ley. Según se expresa en el texto aprobado, la falta de acatamiento a dicha resolución judicial configura una situación de gravedad institucional, al implicar tanto el desconocimiento de una norma vigente como la desobediencia a una orden judicial firme.
El CSU también subraya que el incumplimiento impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema universitario, afectando derechos fundamentales de la comunidad académica, entre ellos el derecho a enseñar y aprender, y a percibir una remuneración adecuada.
En este contexto, la resolución no solo exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a dar cumplimiento a la ley y a la medida cautelar vigente, sino que también solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Capital Humano que adopten las medidas necesarias para garantizar su efectiva implementación.
El plenario puede verse en este enlace:
