El Rectorado de la UNS invitó a la comunidad a acompañar en la Marcha Federal que solicita el la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. “Si no valen las gestiones realizadas, si no vale una Ley, si no vale lo que decide la Justicia, que valga la voz del pueblo”, remarcó el Consejo Interuniversitario Nacional.
Rectores de todas las universidades públicas ratificaron la convocatoria para el próximo martes en cada ciudad del país donde funcionan casas de altos estudios a una nueva Marcha Federal para reclamar que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada con mayoría especial por el Congreso y ratificada en dos instancias judiciales, pero sigue sin aplicarse por parte del Poder Ejecutivo. Recientemente la Cámara en lo Contencioso Administrativo accedió a lo solicitado por el gobierno nacional para suspender la medida cautelar que se había otorgado oportunamiente a pedido de las universidades y elevar el tema a la Corte Suprema.
En Bahía Blanca la convocatoria será a las 17 en la esquina de avenida Alem y 11 de Abril, desde donde se marchará a partir de las 17:30 hacia el playón de avenida Alem 1253. Alrededor de las 18 iniciará el acto, que consistirá en la lectura de un documento –el mismo se hará público en todas las marchas a lo largo y ancho del país- la lectura de las adhesiones y la actuación del Coro Universitario.
“Logramos aprobar una ley razonable que, sin comprometer fiscalmente al Estado, da respuestas a estos problemas que venimos haciendo evidentes hace dos años. Hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45, 6%, y eso implica que en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades, y afecta seriamente el desarrollo de nuestras actividades. Lo más angustiante hoy, lo más urgente es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema y la actualización de los programas de asistencia a nuestros estudiantes, muchos con dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre”, remarcó el presidente del Consejo Interuniversitario y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
En un video para invitar a apoyar esa solicitud, el rector Daniel Vega y la vicerrectora Andrea Castellano destacaron que “la educación pública es un derecho. Y para que ese derecho exista, la Ley de Financiamiento Universitario debe cumplirse. Las Universidades Nacionales estamos atravesando una situación crítica. Sin el financiamiento previsto por ley, se afecta la enseñanza, la investigación y la formación de los futuros profesionales del país”. Agregaron además que “el cumplimiento de la ley no es optativo. Es la base misma de la división de poderes y del funcionamiento democrático. Defender la universidad pública es defender un proyecto de país que garantice igualdad de oportunidades y desarrollo para toda la sociedad. Por eso, este 12 de mayo a las 17 horas, convocamos a toda la comunidad a la Marcha Federal Universitaria, porque cumplir la ley es cumplir con la democracia.”
El derrotero de la Ley de Financiamiento
En la conferencia de prensa realizada el miércoles pasado en la sede del CIN, Bartolacci detalló el curso de acción que siguieron las universidades en los últimos dos años: “Hemos sido muy responsables en este camino, hemos priorizado siempre los canales institucionales, hicimos una y otra vez gestiones ante las autoridades nacionales, pero las respuestas no aparecieron. Fuimos al Congreso de la Nación, que es el ámbito que tiene competencia en materia presupuestaria, no una vez, sino en dos períodos legislativos. Logramos aprobar una ley razonable que, sin comprometer fiscalmente al Estado, da respuestas a estos problemas que venimos haciendo evidente. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional veta toda la ley de Financiamiento Universitario logramos sostenerla con una mayoría agravada, e incluso pudimos sostenerla con la nueva composición del Congreso de la Nación cuando se intentó derogar en el marco de la discusión presupuestaria para el 2026 en diciembre del año pasado. Cuando el PEN decidió no cumplir con la ley aprobada por el Congreso -debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina- hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia a reclamar el cumplimiento de la ley. Y hoy tenemos dos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, pero aún así, no tenemos respuesta”.
Agregó el funcionario que “si no valen las gestiones que se hacen con tanta responsabilidad frente a las autoridades, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia en su competencia para que esa ley se cumpla (ver más abajo), que valga la voz del pueblo de la Nación para conmover las respuestas que hacen falta”. Según indicó, para los rectores es el único camino para “garantizar los recursos mínimos indispensables que el sistema universitario y científico necesitan para funcionar y resolver los problemas que venimos planteando”.
“Necesitamos que el 12 de mayo seamos muchos y muchas en todas las plazas del país. No solo quienes formamos parte de la comunidad universitaria y científica, sino la sociedad en su conjunto. Argentina le debe garantiza a cualquier joven, según su deseo, según su vocación, la posibilidad de acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción”, resaltó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.
El pasado jueves la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional en reclamo del cumplimiento de la ley. Cuando el Máximo Tribunal reciba el expediente deberá definir si analiza el recurso o lo rechaza. Según fuentes de la Procuración del Tesoro, mientras se defina este trámite, la decisión de lo magistrados tiene carácter suspensivo, por lo que el Estado Nacional no está obligado a transferir los fondos que reclaman el Consejo.
