La suma requerida para funcionar el próximo año asciende a 11 billones de pesos y la planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación. El Ejecutivo, por su parte, elaboró un proyecto con un 34% menos
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó el miércoles 16 de septiembre en el Anexo A del Congreso de la Nación su propuesta de presupuesto 2027 para las universidades públicas de todo el país. El proyecto fue expuesto por el presidente del CIN, Franco Bartolacci; su vicepresidente, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco.
Las y los rectores estuvieron en compañía de colegas de todo el país y representantes de las entidades gremiales de estudiantes, docentes y nodocentes. A la convocatoria recibieron la invitación diputados y senadores de todo el país. La suma que solicitan las universidades para el próximo año asciende a 11 billones de pesos y la planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, según los requerimientos y los plazos previstos.
“Más allá del número, yo quiero destacar la seriedad con la que fue elaborado, el consenso al que se llegó y la calidad de la información que sirve de base para hacer esa estimación” expresó la doctora Cintia Martínez, secretaria general de Planificación y Gestión Presupuestaria de la UNS, e integrante de los equipos técnicos de las universidades que elaboraron el proyecto.
En tanto, el proyecto de presupuesto 2027 elaborado por el Gobierno asigna $7,3 billones a las universidades. “Si el gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado $9,8 billones. Llegamos a $11 billones con actualizaciones de otras áreas”, dijo Franco Bartolacci, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El Ejecutivo cuestiona ese cálculo y afirma que los fondos previstos incluyen la cautelar judicial, la inflación proyectada y un aumento del 20% para gastos de funcionamiento.
Según explicó la doctora Martínez, el CIN solicitó a todas las universidades que elevaran sus plantas de personal, considerando la cantidad de cargos ocupados a una fecha determinada del año. Esa es la información que utiliza la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) como base para la elaboración del presupuesto. “Esto garantiza que tanto el CIN como la SSPU trabajen con una misma base de cálculo. Para valorizar las plantas de personal docente y no docente, así como las horas cátedra de las escuelas preuniversitarias, tomamos como referencia la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, estimada a julio de 2026, que fue el momento en que terminó de delinearse esta propuesta. A partir de ese mes y hasta diciembre de 2026, se incorporó una proyección de la evolución de los salarios y de la inflación. Para ello, se utilizó un indicador elaborado por el Banco Central, denominado Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que permite estimar las expectativas de inflación para los meses restantes del año.
La diferencia es de aproximadamente $3,7 billones, es decir, cerca de un 34% respecto del monto solicitado por los rectores, y no alcanza a cubrir ni siquiera lo estimado por los rectores para la masa salarial, ya que el proyecto del CIN incorpora, además de los gastos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), así lo explicó: “Convocamos a legisladores de todos los bloques de Diputados y Senadores para contarles la situación que atraviesa el sistema universitario y que conozcan de los propios rectores y rectoras la propuesta de presupuesto que elaboramos y sus fundamentos. Queremos que tengan elementos para el debate en ambas Cámaras. Es tan importante que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que repara lo perdido hacia atrás, como que tengamos un horizonte de previsibilidad hacia adelante, que solo lo da un presupuesto 2027 que garantice los recursos indispensables que las universidades necesitamos para funcionar bien”.
Torres, vicepresidente de la institución y rector de la UNRN, indicó que “es muy importante que los legisladores nos acompañen garantizando partidas en la sanción del presupuesto 2027 que, por un lado, contengan como piso los fondos comprometidos en la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno aún no cumple y, por otra parte, garanticen su actualización conforme con la inflación registrada oficialmente, de manera de asignar los recursos que el sistema universitario precisa”.
“Este proyecto no es más que la expresión de lo que necesitamos para funcionar y para seguir existiendo como sistema”, puntualizaron Mónica Biasone, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo y rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), y Carlos Greco, vicepresidente de la misma comisión y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en referencia al horizonte de previsibilidad que solo la aprobación de un presupuesto razonable puede generar.
En el mismo sentido, las autoridades del CIN afirmaron que “es muy crítica” la situación del sistema universitario y científico, y precisaron que sin un presupuesto “razonable” para el 2027 será “difícil” funcionar. Las y los rectores manifestaron que es “incomprensible que el Gobierno no cumpla con la Ley de Financiamiento” que fue aprobada y sostenida con enorme legitimidad en el Congreso y que tiene fallos favorables que exigen la ejecución de la cautelar, que establece una actualización de salarios y becas que aún está pendiente.
“Confiamos en el compromiso de los legisladores nacionales con la universidad pública argentina, que vuelvan a manifestarse, como sucedió con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobando un proyecto de presupuesto para el 2027 que garantice la actualización de partidas para no seguir perdiendo capacidades y la previsibilidad que el incumplimiento del Gobierno hoy niega”, cerró Bartolacci.
